En la antesala de la segunda vuelta para gobernaciones, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) muestran un país electoralmente activo, pero desigual en sus capacidades. Mientras algunos tribunales han logrado sostener procesos relativamente ordenados y con niveles aceptables de información, otros evidencian debilidades que impactan directamente en la confianza y en la posibilidad de que la ciudadanía tome decisiones informadas. Esta diversidad de desempeños no es menor: configura distintas “experiencias electorales” dependiendo del departamento en el que se vote.
Hay casos donde la institucionalidad ha logrado sostener el proceso, aunque con limitaciones. Oruro, por ejemplo, combina una buena capacidad operativa y comunicacional con brechas importantes en inclusión y calidad de la oferta política. Tarija y Potosí también muestran estructuras que funcionan, pero con problemas en la claridad de la información o en la complejidad del proceso para el elector. En estos departamentos, el proceso avanza, pero no necesariamente garantiza que todos los ciudadanos comprendan con facilidad qué se elige ni entre qué opciones reales pueden decidir.
En contraste, otros departamentos presentan señales más preocupantes. Santa Cruz ha enfrentado problemas logísticos y decisiones de última hora que afectaron la previsibilidad del proceso, obligando incluso a repetir la votación en decenas de mesas. La Paz, por su parte, refleja un escenario atípico, donde la ausencia de un TED plenamente conformado ha trasladado gran parte de la organización al nivel nacional. A esto se suman departamentos como Beni, Pando o Cochabamba, donde las limitaciones en información, acceso o gestión territorial muestran que no todos los TED están en condiciones equivalentes para organizar procesos complejos.
Finalmente, hay un elemento transversal que atraviesa a casi todos los departamentos: las brechas en inclusión y calidad democrática. La participación de mujeres sigue siendo desigual en varios territorios, la información no siempre llega en formatos accesibles o en idiomas adecuados, y los programas de gobierno —cuando están disponibles— muchas veces carecen de profundidad o adaptación a la realidad local. Así, más allá de que las elecciones avanzan y se desarrollan, el desafío de fondo sigue siendo el mismo: no solo organizar la votación, sino garantizar que cada ciudadano pueda votar con información clara, en condiciones equitativas y con opciones que representen verdaderamente sus necesidades.
