La Paz, 15 de abril de 2026 .-
Los debates electorales de segunda vuelta evidencian la necesidad de avanzar hacia una regulación más específica, clara y consensuada con distintos sectores de la ciudadanía. Para que estos espacios cumplan su función democrática, deben formar parte explícita del calendario electoral y contar con reglas que aseguren la participación obligatoria de las candidaturas, incluso contemplando mecanismos de sanción ante inasistencias. En el actual ciclo electoral, los debates constituyen un primer esfuerzo relevante, pero aún insuficiente para consolidarlos como un componente efectivo del proceso democrático.
En este contexto, la observación ciudadana identifica importantes debilidades que limitan su aporte al voto informado. La principal dificultad es la ausencia de condiciones efectivas de competencia en varios casos. El ejemplo más crítico se registró en Tarija, donde la inasistencia de una candidatura derivó en un “debate” con participación única, desnaturalizando completamente su sentido. Sin contraste, el ejercicio pierde su valor central: permitir a la ciudadanía evaluar alternativas.
A ello se suma la baja calidad del intercambio en los debates que sí contaron con ambas candidaturas. Se observó escaso cuestionamiento entre propuestas, ausencia de réplicas sustantivas y una interacción limitada, lo que redujo la posibilidad de identificar diferencias claras. En la práctica, varios debates se aproximaron más a exposiciones individuales que a espacios de deliberación.
Otro elemento crítico es el rol de la moderación. Aunque se garantizó el orden y el cumplimiento de tiempos, predominó una moderación pasiva, centrada en la administración del formato, sin promover el diálogo directo ni exigir respuestas concretas. Esto limitó la profundidad del debate y su utilidad para el electorado.
Una mirada comparada de los cinco departamentos observados refuerza estos hallazgos: en cuatro de ellos, aunque se cumplió formalmente con la realización del debate, predominó un bajo nivel de interacción y contraste entre candidaturas; mientras que en Tarija, la ausencia de una de ellas anuló completamente su sentido. En conjunto, la utilidad de estos espacios para el votante fue, en la mayoría de los casos, limitada o nula.
Estas debilidades reflejan la ausencia de reglas más exigentes que aseguren condiciones mínimas de participación e interacción sustantiva. Sin estos elementos, los debates corren el riesgo de convertirse en ejercicios formales con bajo impacto real en la decisión ciudadana.
No obstante, también se identifican avances que constituyen una base importante. La realización de debates en cinco departamentos muestra un esfuerzo por incorporar este mecanismo en la dinámica electoral. Asimismo, se observó el cumplimiento de tiempos, la existencia de estructuras organizadas y, en algunos casos, la presentación de propuestas claras.
A pocos días de la segunda vuelta, el desafío central no es solo sostener estos espacios, sino mejorar su calidad democrática. Esto implica avanzar hacia una institucionalización efectiva: reglamentos claros, participación obligatoria, moderación activa y formatos que garanticen contraste real.
Los hallazgos muestran que el OEP ha dado un primer paso en la incorporación de debates electorales, pero el siguiente es decisivo: consolidarlos como un mecanismo formal, exigible y útil para fortalecer el voto informado y la confianza ciudadana.
