PRONUNCIAMIENTO DE LA MOE DE LA FUNDACIÓN JUBILEO
En Bolivia, el reconocimiento normativo de los derechos políticos de las mujeres constituye uno de los avances más importantes en la construcción de una democracia inclusiva. La Constitución Política del Estado, la legislación electoral y la normativa específica contra el acoso y la violencia política han establecido principios claros de igualdad, paridad y alternancia en la participación política. Sin embargo, estos avances normativos aún no se traducen plenamente en condiciones reales de participación política en igualdad. Persisten brechas significativas entre lo que establece la normativa y las prácticas políticas que se desarrollan en el sistema político boliviano.
En los procesos electorales recientes, así como en el ejercicio de funciones públicas, se ha observado que, aunque la paridad se cumple formalmente en la conformación de listas legislativas, persisten desigualdades importantes en el acceso de las mujeres a candidaturas ejecutivas, en los procesos internos de definición de candidaturas dentro de las organizaciones políticas y en las condiciones para ejercer los cargos para los cuales han sido electas o designdas. A ello se suma la persistencia del acoso y la violencia política, que continúa afectando de manera desproporcionada a mujeres autoridades y candidatas.
Estas prácticas no sólo vulneran los derechos políticos de las mujeres, sino que también representan un riesgo para la integridad del proceso democrático. Cuando la participación política de las mujeres se ve limitada por prácticas de exclusión, presiones para renunciar, violencia política o desigualdad en las oportunidades de participación, se afecta el principio de elecciones libres y justas y se debilita la calidad de la representación democrática.
Asimismo, preocupa la limitada capacidad institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente. Aunque existen mecanismos formales para el registro de denuncias y el seguimiento de casos de acoso y violencia política, persisten dificultades en la prevención, investigación, sanción y reparación de estos hechos. Del mismo modo, la adecuación e implementación de los estatutos internos de las organizaciones políticas orientados a garantizar igualdad de condiciones de participación aún presenta avances insuficientes.
La coyuntura política actual constituye un momento clave para adoptar medidas que permitan cerrar la brecha entre la norma y su aplicación efectiva. De no abordarse oportunamente estas problemáticas, se corre el riesgo de reproducir patrones de exclusión que afectan la calidad del proceso democrático y la legitimidad de la representación política.
Por ello, se hace un llamado a todos los actores del sistema político —organizaciones políticas, autoridades electorales, instituciones del sistema de justicia, autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil— a adoptar acciones inmediatas orientadas a:
- Garantizar condiciones reales de igualdad en los procesos internos de selección de candidaturas.
- Fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, atención y sanción del acoso y la violencia política contra las mujeres.
- Asegurar que las mujeres electas puedan ejercer plenamente los cargos para los cuales han sido elegidas.
- Implementar mecanismos efectivos de seguimiento al cumplimiento de las normas de paridad, alternancia e igualdad en las organizaciones políticas.
La democracia paritaria no puede limitarse al cumplimiento formal de requisitos normativos. Requiere condiciones institucionales y políticas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres.
Avanzar hacia el cumplimiento pleno de estos principios es una responsabilidad compartida de todas las instituciones y actores del sistema político. Solo mediante acciones concretas será posible consolidar una democracia que represente efectivamente a toda la ciudadanía y que garantice la participación política en condiciones de igualdad.
La Paz, 9 de marzo de 2026.
